Código civil

Transcurridos casi dos años desde su entrada en vigor parecía necesario esperar a su desarrollo reglamentario por RD 1828/1999, de 3 diciembre, a la regulación de la contratación telefónica y electrónica por RD 1906/1999, de 17 diciembre y a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, para elaborar un estudio serio, exhaustivo, actualizado y riguroso sobre esta disposición. La importancia de una norma que afecta a tantos profesionales, así como los cambios introducidos respecto a la regulación anterior, son un aliciente para conocer una obra excelente sobre una...

La intención principal de este libro es brindar un manual de Teoría del Estado que no se agote en la mera exposición didáctica de los temas, sino que incite al lector y al estudiante a la reflexión crítica sobre ciertas cuestiones candentes dela filosofía política. Para ello, traza un recorrido crítico y comprensivo que, a lo largo de ocho capítulos y apelando a la lectura de los principales autores de esta temática, aborda temas como el Estado, el poder, la democracia y las distintas formas de representación, así como las doctrinas opuestas sobre el derecho y el gobierno.

La Abogacía; La Abogacía según la Declaración de Delhi y después; La vocación; La libertad; Justicia y Poesía; Abogacía y humanismo; La formación del Abogado; El trabajo del Abogado; Abogados de empresa; Bufetes colectivos; La consulta; El dictamen; El pl

¿La siguiente secuencia es cierta: delitos de odio + delitos de expresión = delito de opinión? En el debate social, académico y jurisprudencial posiblemente no exista una cuestión más discutida que la que hemos planteado. Resulta imperioso afrontar este interrogante a través de una obra colectiva como la que el lector tiene entre sus manos, máxime si se tiene en cuenta el reciente anuncio del legislador de afrontar una intensa reforma de estos delitos. Esta obra parte de una idea: el debate sobre los delitos de opinión debe plantearse inicialmente en un nivel previo a las propias...

Artículo 340.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «Los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. Si se tratare de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias».