El Conocimiento privado del juez

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.

Este Manual de Derecho Administrativo, del que se ha dicho que es un texto original y diferente, plasma la larga experiencia de su autor, Catedrático de Derecho Administrativo, con la finalidad de ayudar al lector a entender el Ordenamiento jurídico-público y los postulados culturales que subyacen en él. Un Manual que, aunque tiene vida propia, pretende ser también una guía para el manejo de las Leyes Administrativas, la conocida edición comentada que, desde hace años, el mismo autor prepara para esta Editorial y a la que a veces ahora remite para la siempre recomendable lectura...

En los últimos diez años, pocas materias, como la que afecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, han concentrado con tanto interés la atención de la dogmática. […] La obra que hoy tengo el honor de prologar tiene un mérito que la singulariza frente a ese caudal bibliográfico, a saber, su originalidad a la hora de abordar lo que otros autores ya han abordado con distinto enfoque. […] El libro que hoy se incorpora al catálogo bibliográfico relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas hace de la originalidad su punto de arranque. El Abogado Víctor...

Obra general sobre la responsabilidad jurídico-sanitaria: en el ámbito civil se aborda la responsabilidad por medicamentos y la carga de la prueba que incumbe al paciente; en el penal, la imprudencia médica y sus consecuencias punitivas, tanto en el trabajo individual como en equipo; en el administrativo, los requisitos, la acción y el procedimiento de exigencia de responsabilidad a la Administración sanitaria. Todo ello sin desatender las implicaciones constitucionales y financieras que afectan a esta materia.