Cátedra Unesco. Diálogos restaurativos y desafíos de la reparación integral para la población víctima del conflicto armado en Colombia

Esta segunda parte puede decirse que completa el Capítulo 5 de la primera, pero adicionalmente introduce el relevante tema de la libertad de pensamiento de los peritos oficiales en formato de artículo para una revista especializada, enriqueciendo esa disertación sus páginas y espero que suscitando futuras reflexiones que puedan mejorar la importante y escasamente reconocida tarea de los peritos oficiales en las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial española, que bien merecen una regulación jurídica sólida y duradera de sus puestos de trabajo.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la información que los ciudadanos pueden ejercer frente a las entidades privadas del sector público, las corporaciones de derecho público o los sujetos puramente privados que prestan...

WIPO's World Intellectual Property Report 2013 explores the role that brands play in today’s global marketplace. The Report looks at how branding behavior and trademark use have evolved in recent history, how they differ across countries, what is behind markets for brands, what lessons economic research holds for trademark policy, and how branding strategies influence companies' innovation activities.

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar ...