Dogma y realidad del derecho de daños: imputación objetiva, causalidad y culpa en el sistema español y en los P.E.T.L.

La evolución del compliance ha permitido su aplicación en la gestión de riesgos de incumplimiento normativo y no solamente a la prevención del delito en las grandes corporaciones. De modo que frente a la obligación estatal del Estado Peruano de prevenir de manera efectiva las violaciones a derechos humanos a partir de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el compliance surge como una alternativa dirigida a la satisfacción de este deber del Estado toda vez que resulta imposible que la potestad fiscalizadora estatal logre efectivamente gestionar los riesgos de ...

La finalidad y el interés de esta obra es tener en letra impresa TODOS los textos legales, sin notas y aditamentos, de Derecho civil que están vigentes en toda España. Es decir, una novísima y vigentísima recopilación de toda la normativa de Derecho civil, que no es poca, quizá demasiada; por ello puede ser muy útil tener todos los textos legales resumidos, con garantía de vigencia.

En derecho colombiano la resolución de un contrato por incumplimiento por regla general debe ser decretada por un juez, y mientras ello no ocurra el vínculo jurídico mantiene su fuerza obligatoria. Esta supuesta regla general es infunda-da, inconveniente y no se compadece con la moderna realidad económica y jurídica. Al lado de la resolución judicial ha existido, si bien de manera excepcional. la resolución unilateral, que permite a la parte afectada por el incumplimiento de un contrato desligarse de este mediante una notificación a la parte incumplida. Este libro, por una parte, hace ...

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Lo establecido en esta Ley se aplicará sin perjuicio de lo ordenado en la Ley de Imprenta, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Educación, la Ley General de Bibliotecas y sus respectivos reglamentos, así como cualquier otro ordenamiento en la materia, siempre y cuando no contravengan lo que en ésta se dispone.