La regulación de la acidificación de los océanos en el derecho internacional

El 23 de enero del 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional, por unanimidad, la Ley General Forestal que regulaba todas las materias relacionadas con la explotación de los recursos forestales del país. La decisión del tribunal se produjo como consecuencia de una demanda presentada por el Grupo de Derecho de Interés Público (g-dip) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. La demanda fue producto del trabajo de investigación jurídica realizado por quince estudiantes y dos profesores aproximadamente durante dos años, y contó con el apoyo de...

La idea de una jurisdicción penal internacional ya no sorprende a nadie. Diariamente, el asunto aparece en la prensa de todo el mundo como algo normal. Aunque haya surgido recientemente, el Derecho penal internacional es una realidad pujante y una disciplina jurídica más. En la actualidad y en efecto, los crímenes internacionales de mayor gravedad no son sancionados ya, exclusivamente, mediante juicios estatales. La antigua indiferencia de la comunidad de los Estados úoriginada por el riguroso respeto a los poderes soberanos, que hacía que cualquier iniciativa fuese considerada como una ...

El Orden Social de la Jurisdicción (pieza clave en la efectividad del Derecho del Trabajo), tras un éxito incontestable a principios de la década de los noventa, había quedado prematuramente envejecido, tanto por su comparación con otros órdenes jurisdiccionales que habían experimentado notables mejoras técnicas en los últimos tiempos, como por disfunciones internas que habían provocado un evidente retraso en la resolución de los asuntos que le eran encomendados. Semejante coyuntura llevó al legislador a acometer un profundo proceso de reforma (más allá de las modificaciones...

El presente libro fue elaborado por el grupo de investigación en Derecho Público y TIC, G-TICCY de la Universidad Católica de Colombia, como resultado del proyecto de investigación sobre la responsabilidad del Estado por la utilización de las administraciones públicas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación – TIC, atendiendo especialmente la promoción y respeto de los derechos fundamentales en general, la protección de los datos, las actuaciones administrativas respecto de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, y la generación y difusión de...