La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

La incorporación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los Derechos nacionales plantea importantes retos de carácter multidisciplinar y que afectan de forma decisiva a diversos ámbitos del Derecho público y también influyen en el proceso de formación de un Derecho administrativo global. Partiendo de la regulación internacional de la cooperación al desarrollo, el presente libro lleva a cabo un análisis jurídico-administrativo del Derecho de la Unión Europea, del Estado español (previsiones constitucionales y de la Ley 23/1998) y de las...

El derecho de sobreedificación y subedificación llegó a nuestro Reglamento Hipotecario en 1959 presentándose como un instrumento que facilitaba la construcción de viviendas. Con él, se ofrecía un nuevo cauce jurídico que posibilitaba un mayor aprovechamiento del suelo mediante la utilización de los volúmenes edificables existentes sobre o bajo los inmuebles urbanos, en la medida en que el planteamiento urbanístico lo permitiera y, siempre que, en el caso de la sobreelevación, no existiera una servidumbre que la impidiera como la denominada altius non tollendi. Su desenvolvimiento...

Este libro concluye la trilogía sobre las instancias del sistema penal. El primer libro fue “Derechos, seguridad y policía”; el segundo “Castigo, cárceles y controles” y, por último, este tercer libro titulado “Jueces, fiscales y defensores”, el cual se ocupa de los actores de la etapa más jurídica del fenómeno “delito, juicio y castigo”. Más allá de su importancia, lo cierto es que el enjuiciamiento es la parte más jurídica de ese trío y que, por serlo, tiene la potencialidad de ser la menos violenta y la que posibilita reducir o salir de las violencias que...

La "incapacitación judicial" (o "modificación de la capacidad de obrar") es un procedimiento que habitualmente afrontan personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas judiciales de protección personal y patrimonial. Sin embargo, este procedimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Los relatos de las experiencias vividas por personas afectadas y sus familiares sugieren que esta práctica está profundamente atravesada por un conjunto de prejuicios, estigmas y estereotipos sobre las personas a las que se ha...