Régimen jurídico de los trasvases

El derecho de sobreedificación y subedificación llegó a nuestro Reglamento Hipotecario en 1959 presentándose como un instrumento que facilitaba la construcción de viviendas. Con él, se ofrecía un nuevo cauce jurídico que posibilitaba un mayor aprovechamiento del suelo mediante la utilización de los volúmenes edificables existentes sobre o bajo los inmuebles urbanos, en la medida en que el planteamiento urbanístico lo permitiera y, siempre que, en el caso de la sobreelevación, no existiera una servidumbre que la impidiera como la denominada altius non tollendi. Su desenvolvimiento...

Esta obra colectiva, resultado de la integración de los trabajos de Magistrados y Letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo bajo la dirección de Jacobo López Barja de Quiroga, es fruto de un minucioso proceso de selección, estudio y análisis de diversos procedimientos tramitados a lo largo de la historia de nuestro país, en los que tuvo intervención este Alto Tribunal. Todos los procesos recogidos generaron en la historia social de España una evidente repercusión mediática. El lector podrá echar en falta algunos de innegable impacto en su época, pero ha de tenerse en...

La delincuencia actual conforma un mosaico muy variado de conductas ilícitas con naturalezas y génesis diversas. Los delitos como el terrorismo, el crimen organizado, la cibercriminalidad, la delincuencia económica, la corrupción o los delitos sexuales o de género presentan niveles de complejidad dispares que demandan la especialización, actualización y tecnificación de las unidades encargadas de la investigación criminal para actuar con eficacia y eficiencia. La investigación criminal es el proceso a través del cual los especialistas reconstruyen los hechos acontecidos y aportan...

Esta obra presenta una síntesis de la evolución histórica del principio de la buena fe y confronta los deberes éticos ínsitos en el ámbito de la adquisición de vivienda por licitación pública o remate en Colombia. Se plantea la tesis de que los terceros adquirentes en procesos judiciales han actuado de buena fe con la confianza que les inspira la adjudicación efectuada por un funcionario del Estado. Por ello, mal pueden sufrir consecuencias a posteriori, que dan al traste con el legítimo derecho de propiedad de este tercero, perjudicado frente a la garantía constitucional otorgada ...