El arbitraje en 55 lecciones prácticas

La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación. El texto se compone de cuatro Títulos y uno Preliminar. En este se recogen el objeto y los objetivos de la Ley y se define el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está integrado por el Sistema de la Administración General del Estado y por los Sistemas de cada una de...

El estudio del Derecho Local se torna como una variable necesaria para la formación de los alumnos universitarios que tiendan a especializarse en el Derecho Público. De ahí que la elaboración de estos materiales nazcan con dos objetivos principales: de un lado, con la vocación de servir de base a ese trabajo del estudiante universitario -libre o oficial- que, junto a la memorización de unos contenidos mínimos e imprescindibles para la comprensión de la asignatura, debe profundizar en la materia propuesta a través de otras vías complementarias que no se limitan al referido...

Las Administraciones tributarias se encuentran abocadas de manera irreversible a la digitalización, tanto en la aplicación de los tributos como en las relaciones con los obligados tributarios. Sin embargo, la adaptación del marco jurídico a esta nueva realidad está siendo mucho más lenta, lo que puede dar lugar a importantes disfunciones. En concreto, el uso de las nuevas tecnologías incrementa el riesgo de que se conculquen los derechos de los obligados tributarios que, en este contexto, pueden sufrir nuevas agresiones que requieren de respuestas normativas adecuadas y garantistas. El ...

De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.