El título ejecutivo: presupuesto de ejecución e instrumento de intimación al pago

En esta nueva edición del Código Procesal Administrativo de la Provincia de Neuquén, comentado, actualizado y anotado, se recoge la jurisprudencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, hasta la entrada en vigencia del fuero procesal administrativo local. Se han sistematizado los fallos del máximo órgano judicial neuquino, en sus diversas integraciones, durante las más de tres décadas de vigencia del sistema procesal administrativo, a lo largo de las cuales el Tribunal ejerció su competencia exclusiva en la materia. Se analizan también las modificaciones...

El proceso de institucionalización del grupo de empresas ha sido lento y desordenado y, en este sentido, desvertebrado: por ello, se realiza un replanteamiento del problema, sistema y método en la teoría jurídica de los grupos de empresas. A este respecto se tiene que convenir que la respuesta que el sistema jurídico (el "derecho de la empresa") y la teoría jurídica proporciona hasta el momento es insuficiente. El ordenamiento ha acabado al tiempo definiendo a los grupos de empresas, pero de forma deliberada (como opción de política del Derecho) no le ha otorgado un régimen...

El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española, el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.