Estado autonómico y poder judicial

La Interventoría y la Supervisión son un medio de control en la contratación pública, que buscar que el contratista se ciña en la ejecución de lo pactado con el lleno de los requisitos legales, técnicos, económicos, de tiempo y calidad exigida, a fin de que las entidades públicas cumplan con los propósitos que le han sido conferidos desde la propia constitución. En el texto se hace referencia a los principales aspectos que deben observarse al momento de ejercer esta labor, para que de manera eficaz se logre proporcionar a la entidad contratante el acompañamiento necesario y la...

Esta obra intenta llevar a cabo un tratamiento jurídico-legal riguroso, de marcada orientación teórica y jurídico-práctica, sobre el reformado marco jurídico-legal de la inmigración y extranjería en nuestro país. Análisis exhaustivo de todas y cada una de las novedades sustanciales introducidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, mediante la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Quedan incorporadas así, en este volumen, las elaboraciones de la doctrina científica jurídica y de la...

El estudio intenta arrojar luz sobre la escasa claridad derivada de la redacción del art. 19.2, último párrafo, del TRLGDCU, donde parecen considerarse las prácticas comerciales como algo distinto del contrato. Las sucesivas redacciones del art. 19 del TRLGDCU son analizadas con el fin de averiguar y concretar el origen del mencionado precepto. Asimismo, se examina el difícil encaje de este párrafo con otros pasajes del mismo TRLGDCU, ya que la redacción de este enunciado no encaja con otros párrafos del mismo art. 19, ni la remisión de este art. 19.2, último párrafo, del TRLGDCU...

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar ...