Sociedades Profesionales. Posición jurídica de socio

La "incapacitación judicial" (o "modificación de la capacidad de obrar") es un procedimiento que habitualmente afrontan personas a las que se ha diagnosticado discapacidad intelectual. Esta práctica se realiza para establecer medidas judiciales de protección personal y patrimonial. Sin embargo, este procedimiento implica la vulneración de derechos fundamentales. Los relatos de las experiencias vividas por personas afectadas y sus familiares sugieren que esta práctica está profundamente atravesada por un conjunto de prejuicios, estigmas y estereotipos sobre las personas a las que se ha...

Este trabajo, realizado por los profesores del Máster de Gestión de Contratos del IUGM/UNED, Doctores en Derecho, Álvaro Canales Gil y Justo Alberto Huerta Barajas, es ante todo un reto para hacer frente a la complejidad de la materia que la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, contiene. En segundo lugar, esta obra tiene una vocación didáctica, a la que une el rigor en el análisis de sus contenidos, resultado de la amplia experiencia de los autores en la formación de postgrado universitario y su dedicación al control de la contratación, como...

En este trabajo se aborda exhaustivamente toda la problemática de la criminología de la corrupción urbanística y la prevaricación funcionarial, centrándonos en particular en la Administración más cercana a los ciudadanos como son los Ayuntamientos, pues de todas las Administraciones Públicas que obtienen ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria, es en la Administración Local donde mayor incidencia tienen, toda vez que de los cinco impuestos que existen en el Texto Refundido de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales, tres de esos tributos tienen su fuente en el...

En 1986 apareció la primera edición de este libro. Era una denuncia de los atentados que cada día, cada hora, cada minuto se comenten en el mundo contra la dignidad de la persona humana en todos los Estados. No solo en los Estados –y por los Estados– que no firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la firmaron sin la menor intención de cumplirla, sino por los que se consideran perfecta imagen del Estado de Derecho, aunque de forma más cultivada y hasta seductora. Entonces no habían transcurrido ocho años desde la Constitución de 1978. Pero habían sido...