Economía y política medioambiental

La historia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, 1886-1991, tiene como base la investigación que desarrollé en el Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes, entre los años 2008 y 2012, con el apoyo del programa de doctorados nacionales de Colciencias. Durante la investigación, la escritura del libro y el proceso editorial he acumulado muchas deudas de gratitud. En primer lugar quiero expresar mi profunda gratitud a Diego Eduardo López Medina, tenerlo como director de tesis fue una inmensa fortuna, y su guía y apoyo hicieron posible esta publicación. La Facultad de...

El código que se presenta recopila la legislación general vigente que de forma más directa tiene que ver con el cambio climático. En este sentido, estructuramos la obra en tres partes claramente identificables: En primer lugar, se hace acopio y exposición de la normativa internacional sobre la materia (Convención Marco de las Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto), para seguidamente incluir la legislación y documentación más relevante en el ámbito de la Unión Europea (Tratados, normativa de comercio de emisiones, adaptación al cambio climático, etc.). Finalmente, nos ocupamos...

Derecho de las tecnologías y las tecnologías para el derecho conmemora el vigésimo aniversario de nuestro Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática (GECTI), de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Sin embargo, no es un producto aislado de una iniciativa tendiente solo a conmemorar este aniversario, sino que es fruto del esfuerzo continuado de nuestro grupo de miembros por compartir y discutir temas trascendentales en este mundo tan dinámico del derecho a partir del desarrollo de tecnologías disruptivas que hoy nos generan...

El fenómeno del fraude electrónico ha irrumpido con fuerza en los últimos años en el contexto económico actual. Aunque está lejos de la realidad imaginar una sociedad perfecta en la que el fraude no exista, sí resulta en cambio posible potenciar mecanismos que el derecho prevé o incluso formular soluciones que puedan ser implementadas para minimizar los riesgos que el fraude lleva aparejado. Por su condición de objetivos prioritarios de estos comportamientos antisociales, los principales beneficiarios de ello serán, sin duda, las entidades de crédito y sus usuarios. También el...