Edad y pensión de jubilación. Una oportunidad para hacer sostenible el sistema de la Seguridad Social

El libro que el lector tiene en sus manos recoge un estudio ordenado, riguroso y preciso de las principales reformas acometidas en el sistema de Seguridad Social en el período 2007-2008. La Ley 42 de 2006, las Leyes 18, 35, 40 y 51 de 2007 han dado soporte normativo a buena parte de los compromisos incluidos en el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social (13 de julio de 2006). La reforma del sistema de Seguridad Social no se agota con dichas disposiciones, destacando también las modificaciones introducidas por la Ley 39/2006, la Ley Orgánica 3/2007, la Ley 20/2007 y otras...

La magnitud de la cuantía de los ingresos públicos que se estima que dejan de recibir los Estados como consecuencia del comportamiento tributario elusivo/abusivo o la planificación tributaria agresiva viene marcando la agenda internacional en los últimos años. Esta situación ha provocado el replanteamiento de los modelos tributarios, tratando de acotar en un contexto transnacional dichos abusos. A pesar del impulso legislativo, la elusión tributaria (y sus lindes) es una de las figuras que mayor inseguridad jurídica genera a los contribuyentes que, actuando aparentemente de acuerdo...

Los instrumentos de actuación consensuales, bajo los cuales se encuentran los contratos estatales, adquieren un significado creciente como una forma destacada de cooperación en la relación entre particulares y el Estado. Las tareas administrativas no son realizadas (o no de la forma aspirada) mediante el instrumento soberano unilateral de la ley y de los medios de administración soberana accesorios de la ley. El contrato estatal es un instrumento de realización de los derechos fundamentales. Los contratos estatales fomentan, con fundamento en el consenso y la cooperación, la...

El fenómeno del fraude electrónico ha irrumpido con fuerza en los últimos años en el contexto económico actual. Aunque está lejos de la realidad imaginar una sociedad perfecta en la que el fraude no exista, sí resulta en cambio posible potenciar mecanismos que el derecho prevé o incluso formular soluciones que puedan ser implementadas para minimizar los riesgos que el fraude lleva aparejado. Por su condición de objetivos prioritarios de estos comportamientos antisociales, los principales beneficiarios de ello serán, sin duda, las entidades de crédito y sus usuarios. También el...