El derecho y la doctrina social de la Iglesia

El derecho fundamental a la propia imagen, reconocido en el art. 18.1 de la Constitución Española y regulado en la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, confiere a cada uno de nosotros la facultad de impedir, con carácter general, que otra persona capte, reproduzca o difunda por cualquier medio los rasgos físicos reconocibles que nos hacen distintos de los demás, principalmente, nuestro rostro. Si esto ocurre sin nuestro consentimiento, es muy probable que se haya cometido una intromisión ilegítima...

Quien, por razón de un trastorno mental grave, comete un delito o carece de la capacidad mínima para comprender y defenderse en un proceso es, ante todo, una persona enferma. Proteger sus derechos y priorizar el tratamiento son las pautas que marcan el camino adecuado para evitar la peligrosidad y lograr su curación. Esta es, en esencia, la tesis que, desde diversos puntos de vista, académicos y profesionales, defendemos en este libro.

Esta obra intenta llevar a cabo un tratamiento jurídico-legal riguroso, de marcada orientación teórica y jurídico-práctica, sobre el reformado marco jurídico-legal de la inmigración y extranjería en nuestro país. Análisis exhaustivo de todas y cada una de las novedades sustanciales introducidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, mediante la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. Quedan incorporadas así, en este volumen, las elaboraciones de la doctrina científica jurídica y de la...

Obra general sobre la responsabilidad jurídico-sanitaria: en el ámbito civil se aborda la responsabilidad por medicamentos y la carga de la prueba que incumbe al paciente; en el penal, la imprudencia médica y sus consecuencias punitivas, tanto en el trabajo individual como en equipo; en el administrativo, los requisitos, la acción y el procedimiento de exigencia de responsabilidad a la Administración sanitaria. Todo ello sin desatender las implicaciones constitucionales y financieras que afectan a esta materia.