Un proceso constituyente democrático en Venezuela

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e incorrectamente conocida como ley hipotecaria), es una norma cuya pretendida finalidad era la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de aplicación, sus propósitos, su naturaleza, los sujetos a los que se refiere e incluso los problemas que viene a resolver no son exactamente los mismos que los de la Directiva. Eso sin contar con el hecho de que - dadas las circunstancias a las que la propia Directiva se refiere - habría sido deseable...

La primera edición de este curso de Derecho del Trabajo apareció en 1991, una vez terminada la profunda transformación de esta rama del Derecho llevada a cabo de 1976 a 1990. Las ediciones sucesivas han efectuado las oportunas actualizaciones de legislación y jurisprudencia. La ordenación sistemática de la obra atiende a las instituciones básicas del ordenamiento laboral, desarrollado en torno a dos ejes: el trabajo asalariado y el sistema de relaciones laborales. Las instituciones de este sistema se acogen en cuatro capítulos, dedicados sucesivamente a sindicatos y asociaciones...

En la presente obra, de autoría plural, se ofrece un estudio completo, y complejo, sobre el problema de la atribución de la vivienda familiar en los casos de crisis de pareja, que no solo atiende al Derecho común vigente, sino también a su progresivo desarrollo habido por obra de nuestra más reciente jurisprudencia, ante la parquedad del art. 96 CC. Pero también se contienen en esta obra propuestas de lege ferenda, de inminentes reformas que el art. 96 CC tal vez requiera, tan inspiradas, algunas de ellas, en leyes autonómicas que regulan la cuestión con más detalle, y que son...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.