Educación superior

Las nociones de servicios de interés general (SIG) y servicios de interés económico general (SIEG) se han forjado en el ámbito de la Unión Europea para referirse a una serie de actividades esenciales para los ciudadanos que son fundamentales para promover la cohesión social y territorial. Mientras que a los SIEG se aplican las normas sobre el mercado interior y la competencia, en la medida que no sean incompatibles COD la misión de interés general encomendada, los servicios de interés general no económicos (SIGNE) no están sujetos a las mismas, si bien pueden estar sometidos a...

Santiago Muñoz Machado, uno de los más reputados juristas españoles, lleva a cabo una nueva presentación de la obra que constituye todo un clásico en la bibliografía de nuestro Derecho administrativo y constitucional desde hace quince años. En los nuevos tomos que integran la obra el autor, además de algunos cambios en la disposición de los materiales, ha llevado a cabo una corrección minuciosa de los textos y ha tenido en consideración, en la versión final, todas las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales relevantes sobre los asuntos objeto de estudio que se han manifestado ...

Este libro constituye un análisis de cerca de 1.700 cuestionarios que se remitieron por correo a personas presas en España, la muestra más numerosa jamás alcanzada en los estudios penitenciarios que se han realizado en nuestro país. El estudio intenta visibilizar la experiencia de la prisión, desde la perspectiva del propio preso, un sector de población oculto a la mayor parte de la sociedad. Sorprendentemente, en España la población penitenciaria sigue aumentando exponencialmente sin responder a un incremento de los delitos hasta haber llegado a cuadruplicarse en los últimos 30...

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar ...